­Una ciudadanía cada vez más consciente de sus derechos frente a una reforma y actualización de una ley que no avanza.

La transparencia y la rendición de cuentas son elementos fundamentales de toda democracia sana y funcional. En este sentido, los datos relativos a las solicitudes de información a través del portal de Transparencia introducido por la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno demuestran que, en efecto, los ciudadanos españoles son cada vez más conscientes de su derecho fundamental de acceso a la información.

Junio de 2024 representó el pico más alto de solicitudes de información desde la creación del portal en 2014, superándose por primera vez las 2000 solicitudes en un solo mes. Este incremento exponencial, no obstante, pudo verse afectado por factores puntuales tal como la situación política nacional del momento o los procesos de oposiciones.

Ahora bien, con independencia de los factores puntuales que hayan podido influenciar en el aumento de solicitudes de información en el mes de junio, los datos demuestran que existe una tendencia al alza en el número de solicitudes. Asimismo, según la memoria anual del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) publicada hace unos días, el aumento sostenido de las solicitudes de información a través del portal fue acompañado en 2023 por la resolución por parte del organismo de un mayor número de reclamaciones relativas a respuestas no satisfactorias (un 36,7% más que en el año anterior) y un aumento en su activad de supervisión de entidades tanto públicas como privadas. 

Sin duda, las novedades introducidas por el nuevo estatuto del CTBG y su constitución como Autoridad Administrativa Independiente desde agosto de 2024 contribuirán a que el CTBG pueda continuar desempeñando sus funciones de la manera más eficaz y eficiente posible.

No obstante, si eficacia y eficiencia en lo que a Transparencia pública y acceso a información es lo que se pretende alcanzar, la reforma de la ley de 19/2013 es un paso ineludible en el camino. Esta ley, que cuenta ya con más de 10 años de existencia, no ha sido reformada ni actualizada en todo este tiempo, aun cuando los ámbitos que regula son de lo más cambiantes, contemporáneos y cruciales para la buena salud de la democracia. En 2020 se iniciaron los debates y reuniones de expertos que daban comienzo al programa de reforma de la ley, pero los trabajos en el mismo quedaron paralizados tres años más tarde, en marzo de 2023.

La reforma de este la ley es trascendental para asegurar el mayor y más actualizado grado de transparencia y acceso a la información pública en el país. Esta reforma, además, contribuiría a alcanzar los objetivos del Plan de Acción por la Democracia presentado por el gobierno en julio de 2024. Asimismo, la descongestión del proceso de reforma y actualización de la ley reforzaría la posición de España en el campo y como anfitriona de la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto que tendrá lugar en Vitoria-Gasteiz en otoño de 2025.

 

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