El Consejo de la Unión Europea publica un nuevo proyecto de Reglamento sobre ePrivacy

El Consejo de la UE, con Portugal como presidente en ejercicio, ha publicado una nueva versión del proyecto de Reglamento sobre la ePrivacy, que debe sustituir a la actual Directiva sobre la privacidad electrónica.

El nuevo proyecto no incluye ninguna modificación del marco conceptual del Reglamento, pero si cambios significativos en el texto principal del proyecto anterior. Según la Presidencia portuguesa, las modificaciones pretenden simplificar el texto del Reglamento, hacerlo más coherente con las disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y reflejar más claramente la relación del Reglamento con el RGPD.

Una vez aprobado, el Reglamento sobre privacidad electrónica establecerá requisitos y limitaciones para los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público que traten datos de personas físicas y jurídicas que se encuentren en la Unión o accedan a ellos. El reglamento pretende salvaguardar la privacidad de los usuarios finales, la confidencialidad de sus comunicaciones y la integridad de sus dispositivos. Estos requisitos y limitaciones se aplicarán de manera uniforme en todos los Estados miembros de la UE. Sin embargo, los Estados miembros de la UE tienen la facultad de restringir el alcance de estos requisitos y limitaciones cuando sea una “medida necesaria, adecuada y proporcionada en una sociedad democrática para salvaguardar uno o varios de los intereses públicos generales.

Entre las novedades de este borrador se encuentran, entre otras, permitir el tratamiento de datos personales por parte de un responsable del tratamiento no establecido en el Espacio Económico Europeo (EEE), pero establecido en un lugar en el que se aplica la legislación de un Estado miembro a través del Derecho internacional público, la definición de “datos de localización o la exigencia de que los proveedores de servicios que compartan datos estadísticos anónimos de comunicaciones electrónicas con terceros realicen una evaluación de impacto sobre la protección de datos.

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