El silencio administrativo, motivo principal de las reclamaciones ante el Consejo de Transparencia
El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), José Luis Rodríguez Álvarez, presentó en el Congreso de los Diputados la memoria del año 2020, marcado por la pandemia. A lo largo del año, se presentaron 1704 reclamaciones, 55% de las cuales fueron contra organismos o entidades de ámbito estatal.
Según la memoria, sobre los motivos de las denuncias presentadas ante el CTBG, destaca el "elevado número de reclamaciones que se presentan frente a solicitudes de acceso a información pública resueltas por la vía del silencio administrativo, es decir, sin que el organismo o la entidad reclamada hayan dictado resolución en el plazo legalmente establecido.” El 47% de las denuncias tramitadas por el CTBG en 2020 contra las instituciones estatales estuvieron amparadas en este motivo, porque los órganos del Estado no atendieron en el plazo legalmente establecido las solicitudes de información pública.
En los casos de silencio administrativo, el reclamante desconoce por qué su solicitud de acceso a la información pública ha sido denegada tras cumplirse el plazo establecido, lo que “dificulta el ejercicio del derecho al acceso [a la información]”, según la memoria de 2020. En ese documento, Transparencia implora a las instituciones que adopten “medidas contundentes” para evitar el silencio administrativo.
Desde Asedie se identificó el silencio administrativo como una de las principales barreras a la reutilización de la información, como se plasmó en el Informe sobre el Sector Infomediario 2021. En este informe se recogen los resultados tras haber solicitado acceso a la información de 35 bases de datos a un total de 20 organismos públicos: el acceso a 29 bases de datos se entiende denegado por silencio Administrativo. Por ello, desde Asedie creemos que la ausencia de contestación es el mejor ejemplo de opacidad de la Administración. En cualquier caso, creemos la naturaleza del silencio administrativo en la reutilización debería tender a favorecer los derechos e intereses de los administrados y hacer más transparente la gestión de la Administración.