11 organismos públicos españoles se han comprometido a apoyar los seis principios de la Open Data Charter.
La Internacional Open Data Charter (ODC) se lanzó en 2015 después de año y medio de consultas internacionales, en que se llegó a un acuerdo en la redacción final de 6 Principios claves para la publicación de los datos, entre los que se encuentran que los datos deben estar abiertos en formatos que permitan la interoperabilidad y la usabilidad de los mismos.
La ODC reúne más de 150 gobiernos y organizaciones que colaboran para abrir los datos en beneficio no solo del Sector Infomediario y los reutilizadores de la información pública, sino también de la sociedad en general. En la actualidad somos 73 organizaciones y más de 80 gobiernos nacionales y locales.
Desde 2017, Asedie ha respaldado a la ODC, siendo unas de las primeras entidades privadas en hacerlo. La ODC cuenta, igualmente, con varios representantes de España como son las comunidades autónomas de Asturias, Castilla y León, Cataluña, Valencia, la Diputación Provincial de Castellón y los ayuntamientos de Alcobendas, Gijón, Pinto, Madrid, Salamanca, y Zaragoza que se han comprometido a apoyar sus seis principios sobre como publicar los datos:
1. Abiertos por defecto
2. Oportunos y Exhaustivos
3. Accesibles y Utilizables
4. comparables e Interoperables
5. Mejorar la Gobernanza y la Participación Ciudadana
6. Apoyar del Desarrollo Inclusivo y la Innovación
Al igual que Asedie, la ODC promueve políticas y prácticas para que los gobiernos y las organizaciones pueden recopilar, compartir y utilizar datos bien estructurados, organizados, actualizados y gobernados, apoyando, entre otros, la lucha contra el fraude, la transparencia y el desarrollo económico global.
Desde Asedie esperamos que estos principios sean también adoptados por el Gobierno de España, como ya lo están, Canadá, el Reino Unido, Francia, Italia México y Chile entre otros
Hoy en día las empresas y la ciudadanía en general necesitan a su disposición datos digitales con las características técnicas y garantías jurídicas necesarias para que puedan ser usados. Iniciativas como la ODC ayudan en el camino para alcanzar este reto.